Colusión del papel tissue: Corte Suprema condena a CMPC y SCA Chile a indemnizar a Papelera Cerrillos
“Considerando que el ilícito anticompetitivo fue cometido por ambas demandadas (…) necesariamente deben responder de los perjuicios que de ello derivan, de manera solidaria”, dijo el máximo tribunal.
Por: J. Troncoso Ostornol | Publicado: Martes 3 de diciembre de 2024 a las 11:35 hrs.
Papelera Cerrillos demandó una indemnización por concepto de daño emergente y lucro cesante (cuantificado en $ 4.009 millones) que habría sufrido como consecuencia de la colusión que involucró a CMPC y SCA.
En 2020, la Corte Suprema multó a ambas con US$ 15 millones cada una, tras haberse asignado cuotas de participación de mercado y haber fijado precios de venta de estos productos.
“Efectivamente el mal estado de los negocios de la actora tuvo como una de sus causas al ilícito colusorio; pero ella no fue la única”, se señaló en la sentencia.
Ese mismo año, Cerrillos -representada por un equipo de abogados liderado por Germán Ovalle- presentó su demanda de indemnización, alegando que la colusión habría sido la causa de su quiebra en 2008.
No obstante, hace casi un año (el 6 de diciembre de 2023), el TDLC rechazó en todas sus partes la acción judicial y condenó en costas a la demandante por haber resultado totalmente vencida.
El tribunal señaló que el hecho de que Papelera Cerrillos haya sufrido pérdidas durante la vigencia del acuerdo colusorio, a pesar del aumento en sus ventas, tiene una explicación multicausal, ajena a las conductas por colusión que fueron sancionadas.
Tras esto, a principios de este año, la compañía recurrió a la Suprema para intentar revertir el fallo del TDLC.
“Tener actores coludidos no permitió el correcto desenvolvimiento de la marca y, por lo tanto, existe una notoria causalidad entre los atentados a la libre competencia, y el desenlace económico de uno de los pocos actores de mercado que participaban en el mercado relevante”, dijo la firma en su reclamación.
El fallo
Ayer lunes, la Corte Suprema dictó sentencia: “Se acoge la reclamación promovida por Papelera Cerrillos S.A. en contra de CMPC Tissue S.A. y SCA Chile S.A. (actual Essity Chile S.A.) y, en consecuencia, se condena a las demandadas al pago solidario de 4.815 Unidades de Fomento por concepto de daño emergente y 182,8 Unidades de Fomento por concepto de lucro cesante, conforme al valor que tenga dicha unidad a la época del pago”.
El máximo tribunal recalcó que “considerando que el ilícito anticompetitivo fue cometido por ambas demandadas (…) necesariamente deben responder de los perjuicios que de ello derivan, de manera solidaria”.
Al valor de la UF actual, la indemnización fijada alcanza los $ 191 millones.
En su fallo, la Suprema señaló que la guerra de precios y el posterior acuerdo de las dos empresas con mayores participaciones de mercado, generaron un escenario de alta inestabilidad que dejó a Papelera Cerrillos a merced de cambios repentinos en los valores de los productos, además de la activación y desactivación intempestiva de promociones, medidas destinadas a mantener el dominio del mercado y, con ello, procurar que los demás competidores no aumentaran su presencia en éste.
“Efectivamente el mal estado de los negocios de la actora que se verificó desde el año 1999, tuvo como una de sus causas al ilícito colusorio; pero ella no fue la única, por cuanto concurrieron otros factores que tuvieron incidencia directa en el desenlace de insolvencia de la actora”, precisó.
Luego, señaló que “si bien la cantidad pedida en la demanda por concepto de lucro cesante, por 75.662 UF, carece de los medios de prueba suficientes que le sirven de justificación, no es menos cierto que todo lo razonado hasta ahora permite desprender que, por múltiples factores, dentro de los cuales se insertan la guerra de precios y el acuerdo colusorio, la actora se ha visto impedida de desarrollar normalmente su modelo de negocio y ello ha llevado a que deje de percibir el legítimo provecho o beneficio económico que, conforme al normal desarrollo de su proyecto, podría haber obtenido”.
El abogado de Papelera Cerrillos, Germán Ovalle, dijo a Diario Financiero: “El fallo nos satisface en el fondo. Se impuso la idea de que actualmente nuestra legislación contempla la facultad de perseguir la indemnización de perjuicios por conductas colusorias, incluso entre competidores, en tanto los efectos de la colusión que viene precedida de guerra de precios, aunque en teoría podrían ser saludables respecto de otros, en muchos casos y como ocurrió en este, perjudicó la posición marginal de un poco más del 1% que poseía en el mercado nuestra representada Papelera Cerrillos”.
El jurista destacó que la empresa pidió su quiebra en el año 2008 y, al relatar en su escrito judicial la historia o causas de su mal estado de los negocios, señaló que estaba inmerso en una guerra de precios de CMPC con PISA y a un acaparamiento de espacios en la cadena de supermercados D&S, entre otras.
“Esto lo dijimos cuatro años antes de que se destapara el caso de colusión. En su momento nos contactamos con la Fiscalía Nacional Económica para aportarles detalles de lo que había sufrido Papelera Cerrillos y esperamos, con mucha paciencia, a que se fallara y condenara a CMPC y SCA para intentar nuestra acción de perjuicios que hoy se ha acogido por nuestro máximo tribunal”, sostuvo.
El rol del juez Muñoz
El fallo fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema. En éste, se plasmó que la instancia fue integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo, y los suplentes Juan Manuel Muñoz y Eliana Quezada. “No firman el Ministro Sr. Muñoz y la Ministra Suplente Sra. Quezada, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones el primero, y haber concluido en sus suplencia la segunda”, dice la resolución.
A mediados de octubre, el Senado aprobó una acusación constitucional contra Sergio Muñoz y lo destituyó del cargo que desempeñó por casi dos décadas en el máximo tribunal. Meses antes, la Comisión de Ética de la Suprema había abierto una investigación contra el ministro, acusado de entregar información privilegiada en la compra de un departamento a su hija, Graciel Muñoz, jueza de Garantía.
